CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México prepara nuevos controles para seguir el rastro fiscal de los combustibles desde su ingreso al país hasta su comercialización final, en un intento por contener el llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando y evasión de impuestos que se ha convertido en uno de los principales problemas para la recaudación federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno busca fortalecer la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles, de manera que las autoridades puedan verificar con mayor precisión cuánto producto entra al país, bajo qué clasificación, quién lo comercializa y si efectivamente fueron cubiertos los impuestos correspondientes.
La medida apunta a un problema distinto al robo tradicional de gasolina mediante tomas clandestinas.
En el huachicol fiscal, el negocio se encuentra principalmente en evadir impuestos durante la importación o comercialización de hidrocarburos, mediante mecanismos que pueden incluir declaraciones incorrectas, empresas simuladas, facturación irregular o el ingreso de combustibles bajo clasificaciones distintas.
¿Cómo funciona el huachicol fiscal?
Una de las prácticas investigadas consiste en introducir gasolina o diésel al país declarándolos como otros productos derivados del petróleo que enfrentan una carga fiscal diferente.
De esta manera, el combustible puede entrar al mercado mexicano sin que se cubra correctamente el IEPS que normalmente se cobra por cada litro.
La diferencia representa una ventaja económica ilegal para quienes participan en estas operaciones y, al mismo tiempo, una pérdida de ingresos para el Gobierno federal.
El problema no termina en la frontera.
Para colocar posteriormente el producto en estaciones de servicio o cadenas de distribución se requiere una red de empresas, facturas, transportistas, permisos y operaciones comerciales que permita dar apariencia legal al combustible.
Por ello, combatir este fenómeno implica seguir no solamente el cargamento, sino también el flujo financiero y fiscal que existe detrás de cada litro.
SAT ya rastrea operaciones de combustibles
Desde el 24 de abril de 2026, el Servicio de Administración Tributaria puso en funcionamiento el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, integrado al Comprobante Fiscal Digital por Internet.
El mecanismo fue desarrollado por el SAT, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para aumentar la trazabilidad en la comercialización de combustibles.
La herramienta busca que cada operación deje una huella fiscal más detallada y permita cruzar información entre autoridades.
Actualmente también existe una base de datos en la que participan SAT, Aduanas, Secretaría de Energía, Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, cuya información es revisada periódicamente para identificar anomalías.
63 agentes aduanales han perdido permisos
El Gobierno federal ha reconocido que las irregularidades no se limitan únicamente a empresas comercializadoras.
Sheinbaum informó esta semana que desde el inicio de su administración se han retirado 63 permisos a agentes aduanales relacionados con irregularidades detectadas por las autoridades.
El SAT también ha identificado empresas dedicadas presuntamente a comercializar o facturar combustible que, en realidad, no realizaban las operaciones que declaraban.
Incluso se han detectado compañías constituidas durante periodos muy breves, utilizadas para facturar operaciones y posteriormente desaparecer.
El fenómeno demuestra que el combate al huachicol fiscal requiere intervenir simultáneamente en aduanas, facturación, importaciones, permisos y distribución interna.
El problema también es institucional
La discusión sobre el huachicol fiscal plantea una pregunta inevitable: ¿cómo pudo crecer un negocio de estas dimensiones sin ser detectado durante años?
Transportar grandes cantidades de gasolina o diésel requiere pipas, barcos, terminales, documentación aduanera, permisos y compradores.
A diferencia del combustible extraído clandestinamente de un ducto, estas operaciones pueden involucrar millones de litros movilizados a través de infraestructura formal, lo que hace difícil explicar su crecimiento únicamente como una actividad oculta.
Las investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos han puesto nuevamente bajo escrutinio los controles existentes en las aduanas mexicanas y la capacidad institucional para detectar operaciones irregulares.
Por ello, el reto del Gobierno no será solamente instalar nuevos sistemas digitales, sino demostrar que estos mecanismos pueden detectar anomalías y derivar en investigaciones, sanciones y recuperación de recursos públicos.
Trazabilidad: saber de dónde viene cada litro
La propuesta federal busca construir una cadena de información que permita conocer el recorrido de los combustibles.
En términos prácticos, las autoridades pretenden poder cruzar datos sobre:
- Quién importa el combustible
- Qué producto declara ante la aduana
- Cuántos litros ingresan
- Cuánto IEPS se paga
- Quién transporta el producto
- A qué empresa se vende
- Dónde termina comercializándose
Cuando las cantidades no coincidan, el sistema permitiría detectar señales de alerta.
Por ejemplo, si una empresa declara importar determinado volumen, pero posteriormente factura cantidades mayores, las autoridades podrían identificar una inconsistencia.
Más controles no garantizan por sí solos resultados
El fortalecimiento tecnológico representa un avance, pero por sí mismo no resuelve el problema.
México ya cuenta con sistemas de facturación electrónica, pedimentos aduanales, permisos energéticos y múltiples bases de datos.
La existencia del huachicol fiscal demuestra que tener información no siempre significa utilizarla de manera efectiva.
El verdadero resultado dependerá de la capacidad del SAT, Aduanas, la Fiscalía General de la República y las autoridades energéticas para compartir información y actuar cuando se detecten operaciones sospechosas.
También será necesario que las investigaciones alcancen no solamente a empresas pequeñas o intermediarios, sino a las estructuras financieras y comerciales que hacen rentable el negocio.
Una batalla que también impacta las finanzas públicas
Cada litro de combustible que entra al país sin pagar correctamente sus impuestos significa recursos que dejan de llegar a las finanzas públicas.
El IEPS aplicado a gasolinas y diésel es una fuente importante de ingresos para el Estado mexicano y, al mismo tiempo, una herramienta que el Gobierno utiliza para amortiguar variaciones en los precios mediante estímulos fiscales.
Actualmente, Hacienda continúa modificando semanalmente la cuota efectiva del impuesto.
Entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, por ejemplo, el Gobierno aplicó un estímulo de 22.83 por ciento a la gasolina regular y de 81.50 por ciento al diésel.
Combatir la evasión resulta especialmente relevante cuando el propio Estado destina recursos para contener el impacto de los precios internacionales de los combustibles.